Que nadie hable, ya que se puede tirar de la manta.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por la empresa pública de vivienda de la Generalitat -Adigsa- en la última etapa de gobierno de CiU.
El caso ha tenido una amplia repercusión política, ya que lo abrió la Fiscalía después de que el presidente catalán, Pasqual Maragall, aludiera en el Parlament al presunto cobro de comisiones por parte de CiU cuando aseguró: “ustedes tienen un problema que se llama tres por ciento”.
La querella, presentada por la Fiscalía, se dirige contra el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, y Josep Anton Fontdevila, ex consejero delegado, ambos militantes de CDC, así como contra seis constructores e intermediarios.
El juez instructor ha tomado ya declaración a los ocho imputados por el caso Adigsa -entre ellos al constructor denunciante José Antonio Salguero- y ahora está interrogando a los testigos.
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